El DESARROLLO RURAL está inserto en el ámbito del desarrollo humano y deben entenderse como transversal, multisectorial e integral. En ese contexto, DESARROLLO es un proceso multidimensional y medible de evolución sostenida hacia estados más favorables de la sociedad en su conjunto, respecto a la cobertura de sus necesidades básicas y otras satisfacciones necesarias para la consolidación social. RURAL implica la optimización y direccionamiento de los procesos de aprovechamiento agrario, que ocurren en un medio, lo Rural, concebido no como espacio físico no urbano, sino como ámbito amplio en que se generan interacciones políticas, económicas, sociales y ambientales singulares entre actores y agentes públicos y privados, y se relacionan muy dinámicamente con lo urbano.
En consecuencia, estamos obligados a ver más lejos de lo sectorial, de lo rubrista. Pensemos más allá de la mentada REFORMA AGRARIA y apostemos al DESARROLLO RURAL INTEGRAL, ya que el desplazamiento ocasionado al pequeño agricultor de economía familiar campesina, debido a su falta de conocimiento, formación técnica – productiva – organizativa y limitación tecnológica no debiera ser “compensado” únicamente con TIERRA, con más tierra…sino con TRABAJO.
La dinamización de la economía familiar campesina presupone una concepción integral no limitada al desarrollo agropecuario, sino al conjunto de la vida rural, donde al “AGRICULTOR” debe ser considerado SUJETO y no OBJETO del desarrollo. Esta dinamización debe perseguir la elevación de la calidad de vida de la población, particularmente de la más pobre, aquella “invisible”, pero “real”, sin capacidades logísticas para movilizarse, organizarse y demandar acciones concretas del Estado.
Acciones concretas e inmediatas por parte del Estado
Desde tiempo atrás exponemos como una limitante sustancial del proceso la falta de titulación de propiedades. La misma Ley 2.419/2004 de creación del INDERT, en su art- 5º.- DEL ARRAIGO, señala… “Se considera que un asentamiento ha logrado la condición de arraigo cuando las familias han obtenido su título de propiedad, se encuentren organizadas para participar efectivamente en el esfuerzo del desarrollo institucional, accedan a los servicios de educación y salud, cuenten con la infraestructura económica básica, produzcan alimentos de auto consumo suficiente y por lo menos dos rubros de renta, en forma continua”.
Aún cuando el INDERT no ha podido precisar (informe a Diputados), cuántos de los 208.867 adjudicatarios en la Región Oriental, ya cuentan con títulos definitivos, nuestras estimaciones (basadas en el Censo Agropecuario Nacional 2008) refieren que de las 280.847 fincas existentes en la Región Oriental (que representan 13.442.283 hectáreas), solamente 131.935 fincas (con 10.484.580 hectáreas) tienen títulos, es decir, 148.912 fincas (unas 2.957.703 hectáreas) tienen documentos provisorios, son explotadas en alquiler o tomadas en aparcerías, están siendo usadas por ocupantes o tienen otras formas de tenencia.
MAS DE 100.000 PRODUCTORES SIN TITULO
Esto afecta directamente a más de 100 mil productores, que al no estar formalizados, en primer lugar, no son dignificados como propietarios, además no pueden acceder a los servicios financieros apropiados y en condiciones más ventajosas que las actuales, como tampoco – al no estar titulados, no están catastrados - pagan impuesto inmobiliario en los municipios respectivos.
Según hemos podido apreciar en el informe de gestión del INDERT, sus metas anuales de titulación apenas hablan de unos 3.000 casos (http://www.indert.gov.py/doc/Informe2011.pdf), cifras insuficientes para la regularización de un sector tan sensible.
Un modesto cálculo de multiplicar 2.900.000 hectáreas X 700 U$S precio promedio por Ha. nos arroja una cifra superior a los 2 mil millones de U$S, que hoy no forman parte de la corriente económica nacional. Hernando De Soto, en su libro “EL MISTERIO DEL CAPITAL” se explaya suficientemente sobre el particular, afirmando que “la prosperidad tiene que ver con el sistema legal y los derechos de propiedad”. (http://ild.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=304&lang=es)
ESTADO: EL MAYOR PROPIETARIO
Cualquiera, en consecuencia, pudiera ver al propio Estado como poseedor de al menos 20% de las tierras de la Región Oriental, por lo cual proponemos, la inmediata TITULACIÓN MASIVA DE PROPIEDADES RURALES EN PODER DE BENEFICIARIOS DEL ESTATUTO AGRARIO, recurriendo a una mínima modificación del art. 56º del Estatuto Agrario, haciendo posible la entrega de los títulos sin la exigencia del pago íntegro o el previo pago del 25% del precio del lote y la firma de pagarés por el saldo. En ningún caso hablamos de entrega gratuita de las tierras.
Podemos concluir diciendo, que el problema rural existe y cada vez, discurre por curso agravado, y que las soluciones de fondo, están disponibles en el marco institucional y legal vigentes, para lo cual se requiere de un diálogo serio, responsable y comprometido entre todas las partes. Si hay voluntad política….manos a la obra.
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